
El periodismo es un bien público. Ese es el principio del que parte la Federación Europea de Periodistas (FEP) ante las elecciones europeas del 25 de mayo y recuerda que para su cumplimiento existe un requisito imprescindible: los periodistas tienen que ejercer su oficio con independencia. Deben esforzarse en ese sentido. Y eso, quizá, debería ser especialmente cierto en el caso de los medios públicos audiovisuales.
Desde luego, todo Servicio Audiovisual Público (SAP, Public Service Broadcasting, PSB, según sus siglas en inglés), requiere transparencia, financiación suficiente y alejamiento de las presiones políticas. Y a pesar de todas sus diferencias, caricaturizaciones, irregularidades y ataques que puedan sufrir los distintos SAP, su existencia continúa siendo un signo distintivo de las democracias europeas. Y cuando gobiernos como los de Grecia (la ERT) o la Comunidad Autónoma de Valencia (España), han cerrado esos medios -por su propia mala gestión política y económica- la mayor parte de la ciudadanía lo ha percibido como un deterioro de la calidad democrática de esas mismas sociedades.
La falta de independencia de las radiotelevisiones públicas suele ser paralela a su manipulación política creciente, a su falta de calidad y a una financiación irregular.




